El club esgrimió hace unos días a la FIFA su estado «concursal» para evitar una sanción (Alfinaldelapalmera)
El Betis tendrá un problema menos en los próximos días —y eso es lo que se espera— si la FIFA le otorga la razón y tiene en consideración la solicitud enviada hace unos días por el abogado Juan de Dios Crespo en la que especifica que el club no puede hacer frente al pago de los 1,5 millones de euros al PSV Eindhoven por el «caso Robert» (dictado por el Tribunal de Arbitraje del Deporte) al encontrarse en estos momentos en situación «concursal». Con ello, lo que se quiere evitar es una sanción deportiva, pues ya la FIFA instó al nuevo consejo del Betis a hacer frente a dicho pago en un plazo de un mes pues, de lo contrario, podría perder seis puntos en su Campeonato, lo que sin duda no haría más que complicar las aspiraciones del conjunto verdiblanco. Así las cosas, este periódico ha podido saber que la asesoría jurídica del PSV denunció hace una semanas el caso —el impago— ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, mostrando, además, sus quejas tras haberse resuelto ya el expediente en la propia FIFA y en el TAS (que es el último órgano al que se suele recurrir en materia deportiva), según se puede leer en ABC de Sevilla.
Rápida respuesta del club
El Betis, ante esta circunstancia y consciente del peligro que corrían sus intereses, optó por enviar «una respuesta a la petición» del PSV, en la que se especificaba que la entidad no estaba en disposición de pagar al ser un juez el que ya había asumido la gestión, esto es, en definitiva, haber entrado en Ley Concursal. Esto ocurrió hace apenas unos días y la información fue confirmada por el propio Juan de Dios Crespo, el letrado que se ha encargado del «caso Robert» desde un principio. «Yo soy muy optimista con este asunto. Espero que la respuesta de la FIFA se pueda saber pronto, pero por la experiencia que tengo en casos parecidos pienso que no va a haber sanción deportiva al Betis. Ya hubo algo parecido con el Recreativo de Huelva y el Boavista. La FIFA suele tener en cuenta la entrada en concurso de los clubes de fútbol», señaló.
Juan de Dios Crespo fue el mismo jurista que posibilitó que el TAS rebajara en algo más de la mitad una primera sanción de la FIFA, dejando en 1.562.000 euros la multa y ahorrándose así 1.688.000. La sanción que había impuesto el organismo presidido por Joseph Blatter había sido de 3.250.000 euros. Hay que recordar que Robert estaba cedido con opción de compra en el Betis y que el club verdiblanco envió un documento al PSV el 4 de abril de 2007 en el que advertía que iba a ejercer la opción de compra del jugador, valorada en algo más de tres millones. El Betis luego cambió de opinión y decidió no abonar el dinero correspondiente. En el club heliopolitano se remitían a una cláusula por la que, en caso de no pagar las cantidades estipuladas, quedaba rota la opción de compra.
Sueldo y administradores
Por otro lado, los grupos que ejercen la acusación en la causa contra el ex máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, apoyaron la «encomiable» labor de los tres administradores judiciales de sus acciones y su sueldo de 12.000 euros al mes. En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 6, al que ha tenido acceso EFE, la Liga de Juristas Béticos asegura que sólo la rescisión del contrato con el futbolista Ricardo en enero pasado supuso para el Real Betis un ahorro de 700.000 euros. Si a ello se unen los 300.000 euros que la empresa Bitton Sport, compradora de las acciones de Lopera, «hubiera abonado gustosa a cualquiera que colaborase en la resolución de dicho contrato», la cantidad resultante «abonaría los honorarios de los administradores judiciales por más de un año», sostiene el escrito. Así las cosas, la Liga de Juristas Béticos y la asociación Por Nuestro Betis han apoyado la retribución fijada por la juez para los tres administradores judiciales: el ex futbolista Rafael Gordillo, el abogado José Antonio Bosch y el economista Carlos Ruiz de Huidobro, en contra del criterio de la Fiscalía sevillana, que los ha impugnado por «desproporcionados» y «de dudosa legalidad».
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