Libertad sin ira, de Manolo Rodríguez.

 

El lanzamiento de objetos en el Betis-Valencia del 20 de enero de 1985, que ya vimos aquí,  que alcanzaron a un juez de línea, y que fueron reflejados en el acta por el árbitro Ildefonso Urízar Azpitarte, desencadenó la sanción de clausura del Benito Villamarín por un partido, dado que el estadio verdiblanco ya estaba apercibido de cierre con anterioridad.  

A pesar de que el club recurrió la decisión del Comité de Competición su recurso fue desestimado, por lo que finalmente el Betis cumplió el partido de sanción en la jornada 23 del 3 de febrero, cuando el Betis-Hércules se disputó en el Municipal onubense.

La idea de que este tipo de sanciones son una tremenda injusticia, al basarse en un castigo colectivo que recae sobre todos los aficionados, y no sobre los que individualmente realizaron la acción castigada, ya estaba presente en este comentario del periodista Manolo Rodríguez en Diario 16 Andalucía de hace 40 años. 

También se alude en el relato a una polémica existente en el seno del club con un juvenil llamado Reina, hijo de un directivo de la Federación de Peñas que pretendía la carta de libertad para su hijo que, ante la negativa del club, forzó la situación  desde su puesto para intentar presionar al club.

Coincido plenamente con los que han mostrado su desacuerdo con el modo de actuar de la Federación Española de Fútbol a la hora de sancionar a los clubs en cuyos campos tienen lugar incidentes con los colegiados. Sólo desde posturas dictatoriales, nostálgicas o miserables, es posible defender el abuso de poder en que incurre el Comité de Competición cuando castiga a toda una sociedad por los gestos vandálicos de cuatro anónimos salvajes. Una pedrada, un botellazo, una agresión, exige la actuación de las Fuerzas de Orden Público, pero nunca el castigo a los socios ejemplares que ya han pagado un partido que no podrán ver a menos que se rasquen el bolsillo para costear el desplazamiento hasta otra ciudad.

El cierre del campo, como ya apuntaba Luis Carlos Peris ayer, sólo tendría sentido si se produce una invasión multitudinaria, una agresión en masa, o un posicionamiento mayoritario de todo el estadio. Sobre todo, en una sociedad libre que no debe vivir pensando en los grises o en los furgones celulares. Antes había que pedir permiso para hablar, y ahora hay que sancionar al que se exceda. Se sobreentiende que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de sus márgenes de libertad sin ira.

No es correcto pues que se aluda desde esta situación concreta, y teniendo como referencia el cierre del Villamarín, al descrédito de la afición sevillana. Nadie se resiente con esta barrabasada federativa. Si en otro tiempo el personal obedecía, quizá no fuera porque le gustaba, sino porque no había otro remedio.

El caso es que el Betis va a sufrir un duro palo con esta medida. Un correctivo injusto que coincide con una nueva movida en las entrañas de la sociedad. Desde intereses personales, sólo y exclusivamente personales, se están cargando, otra vez, las baterías contra Gerardo Martínez Retamero. No es presentable que la oposición recurra a esos ardides, y eche por delante a peñistas con hijos futbolistas.

Gerardo Martínez Retamero tiene muchos flancos en su gestión por los que se le puede criticar seriamente, constructivamente, pensando en el Betis y en su futuro. Pero este, desgraciadamente, no es el caso. El Betis, como el Sevilla, necesita muchas cosas, pero no, desde luego, escándalos gratuitos.